La industria pesquera y acuícola de Brasil tiene una fecha marcada en rojo: el 15 de julio de 2026, cuando la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) debe emitir su resolución final sobre un paquete arancelario que podría encarecer los productos del mar brasileños en un 37,5 %. Con el reloj corriendo, exportadores, diplomáticos y aliados dentro del propio mercado estadounidense agotaron sus argumentos ante los comités de la USTR en una defensa que mezcla datos de sostenibilidad, derechos laborales y lógica de mercado.
La amenaza que enfrenta Brasil no es un recargo único sino la suma de dos instrumentos distintos. El primero es un gravamen base del 25 % aplicado bajo la Sección 301 de la Trade Act de 1974, que Washington justifica invocando fricciones bilaterales en comercio digital, propiedad intelectual, políticas de deforestación y las ventajas competitivas que —según la USTR— generan los acuerdos preferenciales de Brasil con India y México.
El segundo es un recargo adicional del 12,5 %, esta vez derivado de una investigación global de la USTR sobre controles de trabajo forzoso en cadenas de suministro internacionales. Sumados, ambos componentes llevan la carga potencial al 37,5 % —un nivel que el sector pesquero brasileño considera incompatible con la viabilidad de sus exportaciones al mercado norteamericano.
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La cifra que explica por qué Brasil pelea ▸ 92 % de las exportaciones de filetes de tilapia fresca de Brasil tiene como destino EE.UU. ▸ 1 millón de toneladas: producción histórica global de tilapia alcanzada en 2025 ▸ 37,5 %: tasa arancelaria combinada que enfrentarían los productos marinos brasileños ▸ 15 de julio de 2026: plazo legal para la resolución final de la USTR |
La estrategia de defensa de los exportadores brasileños ante la USTR descansa en un argumento central: sus productos no desplazan a la industria pesquera local estadounidense, sino que cubren una demanda que el mercado doméstico no puede satisfacer. Los representantes técnicos subrayaron que la pesca en Brasil es predominantemente artesanal —lo que implica menor impacto ambiental que las flotas industriales de gran escala— y que sus cadenas de suministro cuentan con certificaciones que descartan prácticas de trabajo forzoso.
Eduardo Lobo, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria del Pescado (Abipesca), indicó que la estrategia replica lo hecho en el ciclo anterior, cuando el sector logró reducir presiones impositivas que en ese momento alcanzaban el 50 %. La experiencia acumulada da a la delegación brasileña cierta confianza táctica, aunque el contexto regulatorio actual es más complejo.
Uno de los giros más relevantes del proceso fue la posición adoptada por el National Fisheries Institute (NFI), la principal asociación pesquera de Estados Unidos. Su asesor general, Bob DeHaan, advirtió formalmente a la USTR que las flotas norteamericanas ya operan en el techo de su capacidad sostenible y que, por razones geográficas y climáticas, no existe oferta local capaz de reemplazar los volúmenes importados desde Brasil.
La conclusión del NFI fue directa: los aranceles no protegerían a ningún productor estadounidense —porque no hay sustitutos disponibles— sino que trasladarían el costo íntegro a los distribuidores y al consumidor final. Es un argumento que complica políticamente la justificación del recargo y que la delegación brasileña usó estratégicamente en su presentación.
Mientras sus exportadores argumentaban en Washington, el gobierno de Lula da Silva mantenía abiertos los canales diplomáticos. El secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa, confirmó la presentación formal del alegato técnico del Estado brasileño ante la USTR, con la meta declarada de obtener una suspensión total o una exención sectorial antes de la fecha límite.
Pero Brasilia también trabaja en escenarios alternativos. Dos mecanismos están sobre la mesa: la extensión del programa Brasil Soberano —que absorbería parte del impacto sobre los sectores más afectados, incluyendo productos marinos, madera, calzado y textiles— y la activación de la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso, que habilitaría al país a imponer aranceles compensatorios directos sobre importaciones estadounidenses si la USTR confirma las sanciones.
En paralelo, los productores de tilapia ya aceleran planes de diversificación comercial hacia mercados latinoamericanos, buscando reducir la concentración de riesgo en el destino norteamericano antes de que la resolución del 15 de julio cierre la incertidumbre —en un sentido o en otro.
