La Unión Europea da un paso formal contra dos de sus grandes potencias pesqueras: la Comisión Europea inició procedimientos de infracción contra Italia y Portugal por no cumplir con las obligaciones de registro, verificación y transmisión de datos que exige el Reglamento de Control Pesquero comunitario. El problema, según Bruselas, no es nuevo —y esa persistencia fue precisamente lo que activó el mecanismo sancionador.
El 7 de julio de 2025, la Comisión Europea remitió cartas de emplazamiento formales a Roma y Lisboa, primer paso legal en cualquier procedimiento de infracción contra un Estado miembro. El señalamiento apunta a un problema de fondo: ambos países mantienen desde hace tiempo deficiencias en la calidad, fiabilidad y transmisión de la información que sus flotas pesqueras están obligadas a reportar.
Los datos en cuestión —diarios de pesca, declaraciones de desembarque, notas de venta y registros de localización de embarcaciones— no son trámites administrativos menores. Son la materia prima con la que las autoridades europeas calculan cuánto se ha pescado, si se están respetando las cuotas asignadas y si algún operador está actuando fuera de la legalidad. Sin información confiable, el sistema entero pierde solidez.
La apertura de los expedientes no equivale a una sanción inmediata. Italia y Portugal dispondrán de un plazo para responder a las observaciones de Bruselas, aportar documentación y demostrar que han tomado medidas correctivas. Si la Comisión considera insuficiente la respuesta, el siguiente paso es un dictamen motivado. Y si tampoco eso se resuelve, el caso puede llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El proceso es gradual, pero el mensaje político es claro: la Comisión no está dispuesta a tolerar indefinidamente que los sistemas de control nacionales funcionen por debajo de los estándares comunitarios, especialmente en pesquerías sometidas a Totales Admisibles de Capturas o límites de esfuerzo, donde una contabilidad deficiente afecta directamente a la distribución equitativa de los recursos entre Estados.
El contexto: digitalización y tensión con el sector
Los expedientes llegan en medio de una transformación profunda del sistema europeo de vigilancia pesquera. La reforma del Reglamento de Control está ampliando las exigencias de digitalización y trazabilidad —incluyendo segmentos de flota que antes tenían obligaciones más limitadas— y está generando fricciones visibles con el sector.
Las organizaciones pesqueras aceptan la necesidad de datos fiables y comparables, pero plantean dos objeciones centrales: que las nuevas exigencias sean técnicamente alcanzables y que se apliquen de forma homogénea en todos los Estados miembros. Este segundo punto es el más espinoso, porque las diferencias en capacidad administrativa y tecnológica entre países hacen que la misma norma tenga efectos muy distintos sobre el terreno.
