El acuerdo de libre comercio que negocia la Unión Europea con Indonesia, conocido como CEPA por sus siglas en inglés, contempla la eliminación total de los aranceles sobre los filetes de atún procedentes del país asiático. Según el texto del proyecto, la exención sería inmediata para los filetes frescos, mientras que los congelados seguirían un calendario de reducción progresiva. La medida ha encendido las alarmas del sector pesquero comunitario.
A través de una carta dirigida a Charlina Vitcheva, directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), y a Sabine Weyand, al frente de la Dirección General de Comercio (DG TRADE), el Consejo Consultivo del Mercado (MAC) ha manifestado su malestar. El organismo advierte de que las condiciones pactadas “no parecen coherentes” con lo que hasta ahora se había comunicado y debatido con sus representantes, quienes esperaban que el atún fuera tratado como un producto sensible sujeto únicamente a cuotas arancelarias moderadas.
“Una liberalización total del acceso a los filetes de atún genera una importante presión competitiva sobre los operadores de la UE, lo que podría socavar las inversiones, el posicionamiento en el mercado y la igualdad de condiciones.”
El MAC recuerda que el atún es uno de los segmentos de mayor valor añadido dentro del mercado comunitario, y que la escala productiva y exportadora de Indonesia agrava el desequilibrio competitivo y puede generar distorsiones de mercado difíciles de revertir.
Las objeciones del Consejo van más allá de lo estrictamente arancelario. El organismo señala que Indonesia ha bloqueado en el Océano Índico medidas clave de limitación de capturas, que no informa adecuadamente sobre sus exenciones al sistema de observadores regionales en los transbordos en alta mar, y que ni siquiera es capaz de estimar con precisión el tamaño de su propia flota ni el número real de dispositivos de concentración de peces que emplea los anclados en el fondo marino.
A ello se suma que el país no ha ratificado varios convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que múltiples informes cuestionan su capacidad para frenar los abusos laborales a bordo, así como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). “La ausencia de garantías exigibles en estas áreas refuerza las preocupaciones descritas”, subraya el MAC.
Frente a este panorama, el Consejo Consultivo insta a la Comisión Europea a que explique públicamente los criterios que han guiado las concesiones arancelarias en este capítulo y a que aclare si se ha realizado alguna evaluación del impacto socioeconómico específica para el segmento de los filetes. Asimismo, reclama que, antes de cerrar acuerdos de libre comercio que afecten al sector pesquero y acuícola, se establezca un mecanismo de colaboración “significativa y reforzada” basado en el intercambio de información “transparente y continuo”.
El MAC invoca su papel institucional, reconocido en el Reglamento sobre la Política Pesquera Común, para participar activamente en la toma de decisiones de la UE en materia comercial y pesquera, con el objetivo de garantizar que las políticas adoptadas sean, a su juicio, “informadas y equilibradas”.
