Según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente el 20% del comercio mundial de productos pesqueros podría estar sometido a algún tipo de fraude, desde el etiquetado engañoso hasta la sustitución directa de especies.
El documento Food fraud in the fisheries and aquaculture sector, elaborado por la División de Pesca y Acuicultura de la FAO junto al Centro Conjunto FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en Alimentación y Agricultura, pone cifras y métodos a un problema tan antiguo como el comercio mismo: el engaño deliberado en la cadena de suministro.
Un mercado de 195.000 millones de dólares bajo la lupa
Aunque no existe una estimación oficial única, los estudios empíricos reunidos por la FAO apuntan a que uno de cada cinco productos del sector —valorado globalmente en 195.000 millones de dólares— podría no ser exactamente lo que afirma ser. La advertencia del organismo es contundente: “muy a menudo” el marisco y el pescado que llegan al plato no coinciden con lo que figura en el menú.
El fraude, según define el informe, es una práctica deliberada destinada a engañar, y sus consecuencias trascienden lo económico para comprometer también la biodiversidad, la salud humana y el funcionamiento del sistema comercial.
La casuística documentada por la FAO es amplia y, en muchos casos, sorprendentemente sofisticada. El organismo clasifica las principales modalidades de fraude:
Adulteración: añadir colorantes para que el atún parezca más fresco de lo que realmente está, o usar aditivos no declarados.
Sustitución de especies: vender tilapia como pargo rojo, o presentar pescado de bajo valor comercial como especies premium.
Simulación: comercializar surimi (pasta de pescado procesada) como si fuese auténtica carne de cangrejo.
Etiquetado engañoso: falsificar orígenes geográficos, fechas de captura o métodos de producción. Un caso común es presentar salmón de cultivo atlántico como salmón del Pacífico capturado en estado salvaje.
Falsas certificaciones de sostenibilidad: afirmaciones incorrectas sobre prácticas ambientalmente responsables que erosionan la credibilidad del mercado.
“Overrun” vinculado a sobrepesca: ocultar procedencias o enmascarar desembarques por encima de cuota, prácticas que socavan los esfuerzos de gestión pesquera.
Dos puntos resultan especialmente sensibles para mercados como el europeo: la trazabilidad y las afirmaciones de sostenibilidad, pilares sobre los que se construye cada vez más la decisión de compra de los consumidores.
El incentivo: casi siempre económico
El motor principal del fraude es, como era de esperar, el beneficio económico. Presentar salmón atlántico de cultivo como salmón del Pacífico salvaje puede aportar casi 10 dólares adicionales por kilo. Un mismo pez de acuicultura puede multiplicar su valor si se etiqueta como “local” o “de captura silvestre”.
Pero el problema no es solo financiero. La salud pública entra en juego cuando un consumidor come crudo un pescado que requiere otras garantías sanitarias, o cuando se recurre a prácticas como la recongelación repetida, que puede elevar significativamente el riesgo de contaminación bacteriana.
A pesar de que se han realizado miles de estudios en prácticamente todos los continentes, la FAO reconoce que faltan líneas base sólidas. La enorme diversidad de especies consumidas (más de 12.000), la variedad de métodos de fraude y la ausencia de definiciones regulatorias estandarizadas dificultan cuantificar el fenómeno con precisión.
Aun así, el informe reúne evidencias preocupantes: investigaciones que sitúan en hasta el 30% el etiquetado erróneo en el sector de restauración, ejemplos que van desde puestos de ceviche en América Latina hasta productos de atún enlatado en la Unión Europea. Una constatación especialmente llamativa: en algunos mercados se analiza menos del 1% de determinadas importaciones, lo que permite que el engaño “cuele” con relativa facilidad.
La respuesta: más ciencia, mejores controles
La parte más prometedora del informe es el catálogo de herramientas disponibles para detectar fraudes. La FAO documenta técnicas ya establecidas en laboratorios —como ELISA, análisis de isótopos estables o resonancia magnética nuclear— junto a innovaciones con potencial regulatorio: desde fluorescencia de rayos X portátil hasta modelos de aprendizaje automático (machine learning) capaces de identificar patrones anómalos en los datos comerciales.
El organismo también destaca métodos emergentes como el análisis de la composición de ácidos grasos para diferenciar productos salvajes de los de cultivo, o las proporciones de carbono y nitrógeno para inferir el origen geográfico en grandes especies comerciales.
No todo es inmediato: sigue siendo difícil, por ejemplo, disponer de un método estándar universal para determinar si un producto se ha congelado y cuántas veces. Pero las herramientas avanzan.
En el plano normativo, la FAO propone reforzar los requisitos de etiquetado armonizado entre países, incluir de forma obligatoria —cuando sea posible— el nombre científico de las especies, y mejorar los sistemas de trazabilidad para cerrar huecos en la cadena de suministro.
El organismo subraya que la respuesta efectiva requiere cooperación internacional. La FAO y la Comisión del Codex Alimentarius trabajan en estándares para combatir el fraude alimentario, mientras que el Centro Conjunto FAO/OIEA ofrece apoyo técnico a los países que necesitan aumentar su capacidad de análisis y control.
Prevención antes que persecución
El informe concluye con una idea que gana terreno en el sector: perseguir el fraude solo en el último eslabón de la cadena es costoso e insuficiente. Se necesita prevención —formación, controles inteligentes, auditorías— y una implicación activa del sector privado para que la trazabilidad no sea un mero trámite burocrático, sino una barrera real contra el engaño.
En un mercado donde el valor se decide por especie, origen y relato de sostenibilidad, el fraude no es un detalle menor: es una grieta que compromete la seguridad del consumidor, distorsiona la competencia leal y socava los esfuerzos por garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.
