La industria pesquera europea ha lanzado una advertencia formal a la Comisión Europea: el nuevo Reglamento de Control de la Pesca está generando consecuencias desproporcionadas sobre la flota, la cadena de suministro y las administraciones nacionales, y requiere medidas correctoras urgentes. La demanda llega mediante una carta dirigida al comisario Costas Kadis, firmada por Europêche, junto a Seafood Europe, Copa-Cogeca y la Asociación Europea de Productores de Acuicultura (EAPO), representando a transformadores, comercializadores y acuicultores.
El origen del conflicto radica en la implementación progresiva del Reglamento (UE) 2023/2842, que reforma el marco comunitario de control pesquero, y especialmente en la infraestructura digital que lo sustenta. Desde el 10 de enero de 2026, el sistema europeo de certificación electrónica se ha vuelto obligatorio para determinadas operaciones relacionadas con certificados de captura, un salto tecnológico que Bruselas presenta como herramienta fundamental contra la pesca ilegal y para fortalecer la trazabilidad.
Sin embargo, las organizaciones firmantes sostienen que la nueva arquitectura regulatoria está multiplicando las obligaciones administrativas y operativas sin una correspondencia evidente con las necesidades reales de fiscalización, lo que —argumentan— contraviene el principio de proporcionalidad. En el centro de las críticas se encuentran la aplicación práctica de los artículos 14 y 58 y el funcionamiento del sistema digital asociado, sobre los cuales varios Estados miembros ya manifestaron preocupaciones en el último Consejo AGRIFISH, con España encabezando las alertas sobre dificultades “en condiciones reales de pesca”.
Cuando la precisión se convierte en trampa
Una de las exigencias más controvertidas es la obligación de declarar capturas “desde cero kilogramos” con aplicación estricta del margen de tolerancia. El sector plantea que, en pesquerías mixtas y particularmente en embarcaciones de menor eslora, ese grado de exactitud resulta técnicamente inalcanzable a bordo, transformando el cumplimiento normativo en una sucesión de obstáculos donde se multiplica el riesgo de infracciones involuntarias. Desde la industria advierten que el efecto no se limita al papeleo: además de distorsionar los sistemas de análisis de riesgos, puede comprometer la seguridad durante la navegación y obstaculizar el acceso a determinadas ayudas comunitarias.
La segunda alarma principal se registra en tierra firme. Según el sector, las “deficiencias técnicas” del sistema están provocando demoras, sobrecostes y fricciones en la cadena de suministro, trasladando una carga administrativa adicional a los operadores europeos incluso cuando los exportadores y autoridades de terceros países carecen de capacidad para operar de manera homogénea. Durante las últimas semanas, diversas compañías han reportado bloqueos y cuellos de botella en puertos debido a incidencias informáticas y a la necesidad de introducir manualmente grandes volúmenes de información, con mercancía retenida y riesgo de deterioro de calidad.
A esto se añade, alertan desde la industria, una nebulosa jurídica: resulta confuso quién asume qué responsabilidades y cómo deben cumplimentarse determinados certificados de captura. Esta falta de claridad, señalan, está generando inseguridad legal y prácticas heterogéneas entre Estados miembros, con conflictos evitables durante las inspecciones. Para un mercado tan integrado como el europeo, la consecuencia es doble: incertidumbre operativa para las empresas y una aplicación asimétrica que puede terminar creando ventajas o penalizaciones según el país de desembarque o el criterio de la autoridad competente.
Peticiones concretas para evitar el colapso
En su comunicación, la cadena pesquera solicita correcciones específicas: establecer tolerancias razonables para desviaciones inferiores a 100 kilos en las estimaciones, evitar que errores técnicos menores sean catalogados como infracciones graves, posponer la implementación completa del sistema digital hasta enero de 2027 permitiendo la coexistencia con mecanismos vigentes, y diferir la trazabilidad digital del artículo 58 —especialmente para productos del capítulo 03— al menos hasta 2029. El mensaje de fondo es claro: la lucha contra la pesca ilegal y el fortalecimiento de la trazabilidad son objetivos compartidos, pero no “a costa” de la seguridad operativa, la competitividad y la viabilidad de miles de puestos de trabajo.
En Bruselas, el comisario Kadis ha reconocido públicamente las dificultades de implementación trasladadas por varios gobiernos y operadores, señalando la necesidad de ajustes técnicos, en un equilibrio complejo entre ambición regulatoria y viabilidad práctica. La batalla, no obstante, se dirime ahora en el terreno operativo: si la Comisión logra estabilizar los sistemas, aclarar responsabilidades y modular exigencias sin erosionar el objetivo de control, o si, por el contrario, la transición digital termina convirtiéndose —como advierte el sector— en un lastre competitivo y logístico para la pesca y la industria alimentaria del mar en Europa.
