La Unión Europea ha reforzado su posición de “tolerancia cero” contra la pesca ilegal en sus regiones ultraperiféricas, según confirmó Charlina Vitcheva, directora general de Pesca de la Comisión Europea. La decisión responde a las recomendaciones de los consejos consultivos que solicitaron mayor acción contra estas prácticas en territorios como Canarias, Azores, Madeira y la Guayana Francesa.
Durante el último año, Bruselas intensificó el diálogo con países vecinos cuyas flotas operan cerca de estas regiones y están potencialmente involucrados en actividades de Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam figuran entre los países objeto de este seguimiento especial.
La estrategia europea incluye misiones de evaluación directa. En abril, la Comisión visitó Surinam para analizar su sistema de control pesquero, posteriormente enviando una nota con observaciones y recomendaciones. El país suramericano debe presentar un informe de progreso en seis meses. Vitcheva advirtió que, si la cooperación no avanza adecuadamente, la Unión aplicará las medidas previstas en el Reglamento INDNR, incluyendo la posible identificación de países no cooperantes.
El control se ejercerá tanto en aguas como en los mercados europeos. Aunque la vigilancia de las actividades pesqueras en aguas de las regiones ultraperiféricas corresponde a los Estados miembros, la Comisión mantiene su disposición a intervenir cuando se documenten actividades ilegales por parte de terceros países.
Una herramienta clave será el sistema electrónico CATCH, obligatorio a partir del 10 de enero de 2026. Esta plataforma permitirá certificar digitalmente las capturas y detectar productos de pesca ilegal antes de su entrada al mercado europeo. Bruselas promueve que los países vecinos de las regiones ultraperiféricas adopten CATCH o integren sus sistemas para garantizar la trazabilidad completa.
La nueva normativa también abordará la pesca recreativa no controlada, problema detectado especialmente en Canarias. A partir de 2026 entrará en vigor la obligación de notificación para esta actividad, buscando homogeneizar datos y reforzar el control comunitario.
Paralelamente, la Comisión trabaja en armonizar el Reglamento sobre flotas pesqueras externas con la Política Pesquera Común y la normativa INDNR. El objetivo es garantizar que los buques no comunitarios autorizados a operar en aguas europeas cumplan las mismas reglas que las embarcaciones de la Unión.
Con estas medidas, la Unión Europea envía una señal clara sobre sus prioridades en materia pesquera: la lucha contra la pesca ilegal en las regiones ultraperiféricas combinará cooperación diplomática, vigilancia tecnológica y control estricto del mercado, sin concesiones para quienes no respeten las normas internacionales.
