La Comisión Europea ha dado un paso para reducir la carga burocrática que enfrentan las empresas europeas con la adopción de un nuevo paquete de propuestas “ómnibus”, diseñado para simplificar las normas de la UE, impulsar la competitividad y desbloquear capacidad de inversión adicional.
El ambicioso plan busca reducir al menos un 25% de las cargas administrativas para las empresas en general y hasta un 35% para las pequeñas y medianas empresas (pymes) antes del final del actual mandato de la Comisión. Según estimaciones de Bruselas, estas medidas podrían generar un ahorro anual en costos administrativos de aproximadamente 6.300 millones de euros y movilizar una capacidad de inversión pública y privada adicional de 50.000 millones de euros.
“Simplificación prometida, simplificación cumplida. Presentamos nuestra primera propuesta de simplificación de gran alcance”, declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tras la presentación del paquete. “Las empresas de la UE se beneficiarán de unas normas simplificadas sobre la presentación de informes financieros sostenibles, la diligencia debida en materia de sostenibilidad y la taxonomía”, añadió.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la eliminación de aproximadamente el 80% de las empresas del ámbito de aplicación de la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD), centrando las obligaciones de presentación de informes en las compañías de mayor tamaño.
La propuesta también busca garantizar que los requisitos para grandes empresas no supongan una carga indirecta para las más pequeñas en sus cadenas de valor, y reducir significativamente las obligaciones relacionadas con la Taxonomía de la UE, limitándola a las empresas de mayor envergadura.
La patronal pesquera Europêche ha acogido con satisfacción el paquete ómnibus, calificándolo como “un primer paso significativo para abordar las preocupaciones de larga data sobre la complejidad regulatoria y las cargas administrativas”. Sin embargo, considera que estas medidas no son suficientes.
La organización insta a la Comisión a establecer una consulta estructurada con las partes interesadas del sector pesquero para identificar desafíos regulatorios específicos y proponer soluciones prácticas. Señalan que otros retos normativos como los costes de cumplimiento, los cierres de zonas de pesca, los impuestos y las ineficiencias burocráticas “siguen amenazando la viabilidad económica del sector”.
Europêche recuerda que desde el año 2000, la flota pesquera de la UE ha disminuido un 28% y el empleo a tiempo completo en el sector ha caído un 33%, cifras que reflejan la difícil situación que atraviesa la industria.
Las propuestas legislativas se presentarán ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su consideración y adopción. Los cambios en la CSRD, la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD) y el Mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) entrarán en vigor una vez que los colegisladores hayan llegado a un acuerdo sobre las propuestas y después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
