Un barco que descarga pescado capturado ilegalmente necesita un puerto que lo reciba. Sobre esa premisa se construyó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), el primer tratado internacional vinculante enfocado específicamente en cerrar los muelles a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Al cumplirse diez años de su entrada en vigor, Manta, el principal puerto atunero del país, vuelve a ser el punto de encuentro para medir lo que se ha logrado y lo que falta por hacer.
Este miércoles 11 de noviembre, la Capital Atunera del Mundo acoge la Jornada por el Décimo Aniversario de la Entrada en Vigor del AMERP: su impacto y visión de futuro, un evento internacional de alto nivel organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (MDEP) con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Participan el ministro Bernardo Cordovez, la representante de la FAO en Ecuador, Gherda Barreto, la viceministra de Acuacultura y Pesca, Silvana Peñaherrera, la Secretaría del AMERP y delegaciones de Panamá, Colombia, Costa Rica y Perú, junto a organismos regionales como la CIAT, la SPRFMO, la CPPS y OSPESCA.
La víspera: el sector atunero se capacita
Este martes, las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Manta reciben una jornada de socialización y fortalecimiento de capacidades convocada por el MDEP, a través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, con el acompañamiento técnico de la FAO.
La convocatoria no apunta a cargos directivos, sino a quienes operan cada día la cadena: delegados de los departamentos de importación, recepción y descarga de materia prima de atún, afianzadores aduaneros, agencias navieras y demás áreas vinculadas con estas operaciones. El objetivo es fortalecer la correcta aplicación de las disposiciones del AMERP y de los procedimientos de control, registro, verificación y trazabilidad de los productos atuneros, desde su origen hasta su llegada al consumidor.
La Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA) extendió la invitación a sus empresas socias. La jornada se inscribe en las gestiones que el sector pesquero ecuatoriano desarrolla para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y superar las observaciones que dieron lugar a la tarjeta amarilla notificada al Ecuador por la Unión Europea en materia de lucha contra la pesca INDNR.
Una década de puertos más vigilados
Adoptado en 2009 y vigente desde el 5 de junio de 2016, el AMERP cuenta hoy con una adhesión amplia: cerca de tres cuartas partes de los Estados ribereños son Partes del Acuerdo. En estos diez años se consolidó una estructura de gobernanza con reuniones de las Partes, grupos de trabajo y mecanismos de coordinación regional, mientras el Programa Mundial de Desarrollo de Capacidades de la FAO brindó asistencia técnica y formación a numerosos países.
La herramienta que mejor resume el avance es el Sistema Mundial de Intercambio de Información (GIES), ya plenamente operativo, que ha facilitado la notificación de más de 5.000 inspecciones portuarias. Su lógica es sencilla: cuando un puerto detecta irregularidades en un buque, el resto de las Partes lo sabe.
Ecuador: de adherente a anfitrión
América Latina y el Caribe han tenido un papel destacado en este proceso, al albergar dos de las cinco reuniones de las Partes celebradas hasta ahora. Una de ellas fue en Ecuador: el país, que se adhirió al AMERP en 2019, acogió en Manta la quinta Reunión de las Partes en 2025, un gesto que reforzó su compromiso con el control pesquero y la cooperación internacional.
Que la conmemoración regrese a Manta no es casual. Por su muelle pasa buena parte de la materia prima que abastece a la industria procesadora de atún, y la cooperación entre la Autoridad Marítima, la Autoridad Portuaria, la Autoridad Aduanera y la Autoridad Pesquera será precisamente uno de los ejes del segmento nacional de la jornada.
La hoja de ruta que se discutirá en Manta tiene tres frentes. El primero, avanzar hacia la universalización del AMERP. El segundo, fortalecer el seguimiento de su implementación y consolidar el GIES como herramienta de intercambio de información y análisis de riesgos, con la mira puesta en ampliar su aplicación obligatoria en la región.
El tercero es quizá el más exigente: articular el AMERP con otros instrumentos internacionales, el Acuerdo BBNJ sobre biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional, los instrumentos de la OIT y la OMI, el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces y el Acuerdo de Cumplimiento de la FAO de 1993. La meta es pasar de controles aislados a una respuesta global e integrada frente a la pesca INDNR.
La trazabilidad como carta de presentación
Para la industria atunera ecuatoriana, el aniversario tiene una dimensión práctica. En mercados cada vez más exigentes, demostrar la legalidad de cada lote ya no es un trámite, sino una condición para vender. Que los técnicos que reciben y descargan la materia prima dominen los procedimientos del AMERP es parte de esa demostración.
CEIPA, que agremia al 60 % de la oferta exportable de conservas y lomos de atún del Ecuador, participa en este proceso convencida de que el control en puerto y la trazabilidad respaldan el trabajo de una industria que genera más de 120 mil empleos directos e indirectos y más de 500 mil en toda su cadena de valor.
