La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) no actúa sola cuando se trata de combatir el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Desde hace años, la agencia sostiene un esquema permanente de capacitación y asistencia técnica dirigido a gobiernos de todo el mundo dispuestos a levantar sus propias barreras contra ese tipo de importaciones, un esfuerzo que combina a cuatro agencias del gobierno estadounidense y que esta semana sumó un nuevo episodio: la convocatoria a representantes de más de 50 socios comerciales para reforzar sus capacidades de aplicación y cumplimiento.
La sesión de capacitación, realizada este 15 de septiembre, es la expresión más reciente de esa arquitectura institucional. La USTR se asocia de manera estable con el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Trabajo para ofrecer no solo formación general, sino asistencia técnica específica y adaptada a la realidad normativa de cada país participante.
UNA POLÍTICA CON CASI UN SIGLO DE HISTORIA
La prohibición estadounidense de importar bienes elaborados con trabajo forzoso no es nueva: lleva casi cien años vigente en la legislación de ese país. Lo que ha cambiado en los últimos años es su proyección internacional. Sucesivos Congresos y administraciones presidenciales han reforzado la norma a nivel doméstico y la han incorporado además en acuerdos comerciales internacionales, convirtiendo una herramienta unilateral en un estándar que Washington busca replicar entre sus socios.
DOCE ECONOMÍAS YA ADOPTARON MEDIDAS PROPIAS
El resultado más visible de esta estrategia de capacitación y asistencia técnica es medible: como consecuencia de estos esfuerzos y de las investigaciones realizadas por la USTR bajo la Sección 301, para julio de 2026 doce economías adicionales habían adoptado sus propias medidas para prohibir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. La lista incluye a Camboya, Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, México, Pakistán, Sri Lanka y Trinidad y Tobago.
Desde entonces, decenas de países adicionales han manifestado interés en adoptar medidas similares, lo que sugiere que la sesión de capacitación de esta semana no es un hecho aislado, sino un peldaño más de un programa que la USTR prevé seguir ampliando junto a sus socios de gobierno.
Para el sector procesador atunero ecuatoriano, que exporta de forma sostenible y trazable hacia Estados Unidos, la relevancia de este programa no está solo en la coyuntura de una capacitación puntual, sino en la dirección de largo plazo que marca: Washington busca consolidar un estándar internacional de cumplimiento contra el trabajo forzoso, y Ecuador ya forma parte del grupo de países que adoptaron marcos normativos propios en esa línea.
