La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo aprobó un informe que reclama una reforma de fondo de la Política Pesquera Común (PPC), al considerar que, diez años después de su última actualización, la política europea arroja un balance “ambivalente”: ha mejorado la sostenibilidad de los caladeros, pero no ha logrado frenar la pérdida de buques, empleo y competitividad del sector. El texto, respaldado con 21 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, fue defendido en el pleno de Estrasburgo por eurodiputados del PP y del PSOE, que coincidieron en exigir al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, una propuesta de reforma “ahora” y sin más demoras.
El eje central del informe es la exigencia de que los países de la Unión Europea utilicen criterios ambientales, sociales y económicos objetivos —y de igual peso— al asignar las oportunidades de pesca, tomando en cuenta las diferencias entre segmentos de flota, incluida la pesca artesanal. Para los eurodiputados, el éxito de la PPC no puede seguir midiéndose solo por indicadores ambientales mientras el tejido social y productivo del sector se deteriora.
Un paquete de simplificación que “no puede esperar”
La eurodiputada del PP y presidenta de la Comisión de Pesca, Carmen Crespo, agradeció al comisario Kadis su disposición al diálogo con el sector y la comunidad científica, pero advirtió que “ha llegado el momento de cambiar el paradigma”. Según datos que citó en su intervención, la flota europea se ha reducido un 15 % en la última década, la UE pierde alrededor de 2.000 buques al año, el consumo de pescado se encuentra en mínimos históricos y crece la dependencia de las importaciones mientras cae la capacidad productiva propia.
Crespo reclamó que la futura reforma incorpore mayor flexibilidad en la obligación de desembarque, el llamado “tonelaje social”, y la revisión del Reglamento de Control, del Plan Plurianual del Mediterráneo, de la normativa sobre aguas profundas y de las 87 zonas actualmente cerradas al palangre.
En la misma línea, el eurodiputado gallego del PP Francisco Millán Mon pidió a la Comisión Europea actuar en dos frentes: además de reformar el Plan Plurianual del Mediterráneo y el FEMPA a través del anunciado “ómnibus de simplificación para la pesca”, reclamó excluir el palangre del Reglamento de Aguas Profundas y revisar aspectos del Reglamento de Control que, dijo, han resultado “de muy difícil o incluso imposible cumplimiento”, como la obligación de registrar capturas desde el primer kilo en el diario de pesca. “Este ómnibus es urgente. Los pescadores no pueden esperar más”, afirmó. Millán Mon calificó de “demasiado autocomplaciente” la evaluación oficial de la PPC y pidió flexibilizar la obligación de desembarque y la aplicación del Rendimiento Máximo Sostenible, revisar el concepto de capacidad pesquera para facilitar la modernización y descarbonización de la flota, redefinir la pesca artesanal para que no dependa únicamente de la eslora, e incorporar criterios socioeconómicos en la fijación de los TAC y las cuotas. “Comisario, es la hora de actuar, de tomar decisiones políticas”, concluyó.
Doce años sin resultados, según el PSOE
El eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares fue más allá y exigió a la Comisión Europea presentar “urgentemente” una propuesta de reforma de la PPC “para garantizar el futuro de la pesca y las comunidades pesqueras”. Recordó que la evaluación publicada recientemente por la Comisión Europea confirma que, tras doce años en vigor, la reforma aprobada en 2013 mejoró la sostenibilidad de las capturas, pero no alcanzó sus objetivos en el plano social y económico.
Por su parte, la eurodiputada de EAJ-PNV Oihane Agirregoitia también instó al comisario Kadis a revisar la PPC y rechazó cualquier intento de centralizar los fondos pesqueros en manos de la Comisión.
Más controles contra la pesca ilegal y el trabajo forzoso
Más allá de la discusión sobre el modelo de reparto de oportunidades de pesca, el informe reafirma la necesidad de una mayor armonización en la aplicación de las normas aduaneras —incluidas sanciones y controles— y pide reforzar los controles de importación para garantizar que todo producto pesquero y acuícola comercializado en el mercado europeo sea legal. Los eurodiputados solicitaron además a la Comisión que informe sobre el estado y la eficacia del sistema CATCH IT, con especial atención a su impacto en las regiones ultraperiféricas, y que promueva ese esquema de control entre países no pertenecientes a la UE.
El texto pide también a la Comisión y a la Agencia Europea de Control Pesquero (EFCA) impedir la entrada al mercado comunitario de productos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como de productos vinculados al trabajo forzoso, respaldando una política de tolerancia cero frente a la pesca INDNR y el diálogo con terceros países a través del sistema de identificación de capturas irregulares. Asimismo, plantea que la igualdad de condiciones para la pesca y la acuicultura europeas sería más alcanzable si la Comisión cierra las lagunas existentes en los acuerdos de asociación para la pesca sostenible (SFPA) y en los acuerdos comerciales de la UE, reforzando la reciprocidad de normas y los sistemas de trazabilidad.
Condiciones laborales y acceso a la financiación
En materia de empleo, el informe subraya la necesidad de garantizar derechos laborales, condiciones de trabajo dignas, salarios justos y entornos seguros a bordo de los buques, así como de combatir el dumping social y mejorar la formación y certificación del personal embarcado, con el relevo generacional como objetivo transversal.
En el plano financiero, los eurodiputados pidieron simplificar los procedimientos administrativos para acceder a los fondos europeos dentro del marco financiero plurianual (MFP) 2028-2034 y eliminar obstáculos burocráticos que dificultan su uso efectivo, en particular para microempresas y pymes del sector. El informe reitera además el llamado a la Comisión y a los Estados miembros para que faciliten y destinen financiación específica a la pesca. En paralelo, la Comisión de Pesca respaldó un informe de opinión sobre el programa Europa Global —el instrumento financiero para la acción exterior de la UE que integra pesca y acuicultura— en el que reclama “financiación suficiente” para estas actividades.
