Cuando la Unión Europea lanzó CATCH en enero de este año, la intención era clara: más control, menos pescado ilegal, mejor trazabilidad en las importaciones. Lo que quizás no anticiparon del todo en Bruselas es que uno de los primeros focos de tensión no iba a venir de flotas pequeñas ni de exportadores con historial dudoso, sino de Alaska, una de las pesquerías mejor reguladas del planeta.
El sistema entró en vigor el 10 de enero de 2026 como plataforma digital obligatoria para los certificados de captura de todo producto pesquero que quiera entrar en el mercado europeo. La Comisión lo presentó como un avance en eficiencia y armonización. El problema es que, en la práctica, exige identificar la contribución exacta de cada barco a cada envío: peso, identificador del buque, fecha de desembarque. Un nivel de detalle que, en operaciones donde las capturas se agregan entre varios buques y embarcaciones auxiliares para mantener calidad y rendimiento industrial, resulta sencillamente imposible de cumplir sin transformar por completo la cadena logística.
Eso es, al menos, lo que sostienen algunas de las organizaciones más relevantes del sector pesquero norteamericano. La Alaska Seafood Marketing Institute, la Pacific Seafood Processors Association, la At-sea Processors Association, la National Fisheries Institute y Seafood Europe han elevado una queja conjunta a Bruselas. Su argumento no es que la trazabilidad sea innecesaria, sino que el nivel de desagregación exigido no se corresponde con cómo funcionan realmente muchas pesquerías de Alaska, y que cumplirlo haría inviables o prohibitivamente costosos numerosos expedientes de exportación.
El asunto salió a la superficie con bastante claridad durante la Seafood Expo Global de Barcelona, donde representantes del sector estadounidense pusieron números y escenarios concretos sobre la mesa. Según recoge SeafoodSource, la industria habla abiertamente de “casi prohibiciones” para determinados productos de salmón. ASMI, por su parte, va más lejos: sin ajustes en el sistema, afirma, CATCH puede funcionar como una barrera comercial de facto para buena parte del pescado procedente de Alaska.
Las cifras que maneja la organización ayudan a entender por qué el tono es tan serio. Solo en 2025, las exportaciones directas de productos de Alaska a Europa superaron los $750 millones de dólares. Cualquier interrupción relevante en ese flujo no afectaría solo a los grandes procesadores: las consecuencias llegarían a los pescadores, a las comunidades costeras del estado y también a los importadores europeos que llevan años trabajando con esa materia prima. Y hay un riesgo adicional que el sector señala: aunque algunos operadores consiguieran adaptarse a las nuevas exigencias, la carga burocrática podría hacerles optar por redirigir sus ventas hacia mercados menos exigentes administrativamente. Europa perdería suministro, no porque no quiera el producto, sino porque el canal se habría vuelto demasiado costoso.
La petición que ha llegado a Bruselas no pide desmantelar CATCH. Pide tiempo y flexibilidad: ampliar el período de gracia más allá del 10 de julio de 2026 y desarrollar vías alternativas de cumplimiento que permitan, por ejemplo, agregar datos a nivel de planta procesadora en pesquerías con capturas plenamente contabilizadas y riesgo prácticamente nulo de pesca ilegal. Seafood Europe ha llegado a señalar que incluso productos con ese perfil están sufriendo bloqueos administrativos no deseados, simplemente por limitaciones documentales que el sistema, tal como está diseñado, no sabe manejar.
El debate ha dejado de ser técnico. Se ha convertido en una disputa comercial y estratégica entre dos actores que, en principio, comparten los mismos valores sobre la pesca sostenible.
