La industria atunera de la Unión Europea no se queda de brazos cruzados. Sus principales representantes han trasladado directamente a la Comisión Europea una advertencia contundente: el acuerdo de libre comercio que Bruselas negocia con Indonesia podría golpear de lleno a uno de los sectores más estratégicos de la pesca comunitaria.
Indonesia no es un rival menor. Es el mayor productor mundial de atún, con unas 200.000 toneladas anuales, y la propuesta sobre la mesa contempla abrir las puertas del mercado europeo a sus exportaciones en condiciones que el sector considera, sencillamente, inasumibles.
Europêche y la organización francesa Orthongel se sentaron recientemente con las Direcciones Generales de Comercio y Asuntos Marítimos de la Comisión para discutir el asunto. El encuentro se describió como “constructivo y esclarecedor”, pero nadie en el sector bajó la guardia al salir por la puerta. Y con razón: el borrador actual del acuerdo contempla la eliminación total de los aranceles sobre los filetes de atún (hoy gravados con un 18%) y sobre el atún entero (actualmente al 24%), ambos sin límite de volumen. Solo se fijan contingentes para la conserva (800 toneladas) y los lomos (5.000 toneladas).
Para el sector, esto no es un detalle menor. Los filetes son precisamente el segmento con mayor potencial de crecimiento para la flota europea, y una apertura sin restricciones equivale, según sus propias palabras, a “competencia directa en el segmento más estratégico”.
Lo que resulta especialmente difícil de entender para los armadores comunitarios es que la propia Comisión Europea ya había catalogado el atún como un “producto sensible” dentro del mercado interior, y el Consejo Consultivo de Mercados había lanzado alertas en el mismo sentido. ¿Por qué, entonces, se incluye sin salvaguardias en la negociación? Esa pregunta sigue sin respuesta satisfactoria.
El problema no es solo de competencia, sino de reglas del juego
Más allá de los números, lo que irrita profundamente al sector es la desigualdad de condiciones. Los barcos europeos operan bajo una larga lista de exigencias: controles sanitarios rigurosos, estándares de congelación a -18º centígrados, trazabilidad documentada, normativa laboral, etc. La flota indonesia, en cambio, trabaja bajo lo que el sector describe como “bajos niveles de supervisión y transparencia”.
Las denuncias son concretas: Indonesia carece de un registro completo de su flota pesquera, existen evidencias de que se superan las cuotas asignadas, se realizan transbordos en alta mar sin control y hay documentación sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como casos de trabajo forzoso. A esto se añade la ausencia de observadores científicos a bordo en muchos casos.
En este contexto, la pregunta que lanza Europêche es incómoda pero legítima: ¿cómo puede garantizarse la trazabilidad de un producto que llega al plato del consumidor europeo cuando su cadena de origen carece de controles mínimos?
La dimensión laboral agrava aún más el cuadro. El acuerdo no exige que Indonesia haya ratificado el Convenio 188 de la OIT sobre trabajo en la pesca, el instrumento internacional diseñado precisamente para proteger a los pescadores de condiciones abusivas. “La mayoría de estos trabajadores operan en condiciones deplorables”, señalan desde el sector, citando informes de la propia OIT y de organizaciones de la sociedad civil.
Europêche ha puesto sobre la mesa varias propuestas concretas. En primer lugar, reclama que se restituyan o al menos se limiten mediante contingente los volúmenes de importación de filetes, con un techo similar al de los lomos: 5.000 toneladas como máximo. Segundo, piden replicar el modelo del acuerdo con Mercosur e introducir una cláusula de salvaguardia específica para el atún que pueda activarse con agilidad ante perturbaciones del mercado. Tercero, exigen que el acceso preferencial al mercado europeo quede condicionado al cumplimiento efectivo de normas laborales, pesqueras y sanitarias internacionales —con capacidad real de suspender los beneficios arancelarios si se detectan incumplimientos graves—. Y cuarto, demandan reforzar toda la cadena de trazabilidad: qué barco capturó el pescado, en qué planta fue procesado, qué certifica el documento de captura y qué ocurrió en cada transbordo.
