La evaluación de la Política Pesquera Común (PPC) publicada por la Comisión Europea dejó un sabor amargo entre los pescadores del continente. Europêche, la principal organización que representa al sector pesquero europeo, no tardó en pronunciarse: dos años de análisis y consultas para terminar confirmando lo que los propios pescadores llevan años denunciando, sin ofrecer soluciones concretas.
“Lo que vemos es una descripción de una flota que está perdiendo terreno constantemente”, advirtió Javier Garat, presidente de Europêche. “Europa está perdiendo la influencia estratégica y la autonomía de la pesca”.
El informe reconoce que la presión pesquera se ha reducido considerablemente en los mares europeos. También reconoce que las poblaciones de peces se recuperan lentamente, que la rentabilidad del sector cae y que los problemas estructurales persisten. Pero según Europêche, el análisis apunta casi exclusivamente a factores externos (el cambio climático, las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados).
Uno de los casos más citados es la llamada obligación de desembarco, una norma que prohíbe devolver al mar las capturas no deseadas. En la práctica, generó cuellos de botella, obligó al cierre anticipado de pesquerías y elevó los costos operativos de los barcos. Todo eso, sin lograr la mejora en la selectividad de las capturas que prometía cuando se diseñó. Los pescadores invirtieron en nuevas tecnologías para adaptarse. Los resultados, dicen, no acompañaron.
A eso se suman los cierres espaciales y las regulaciones ambientales que acotaron el acceso a zonas históricas de pesca, desplazaron la actividad y encarecieron la operación de las flotas sin que las poblaciones de peces mostraran la recuperación esperada.
Los números que recoge la propia evaluación son elocuentes. La flota europea lleva años reduciéndose. El empleo en el sector cae. Quienes trabajan en los barcos son cada vez más mayores, y los jóvenes no llegan a reemplazarlos. Las importaciones de terceros países ocupan el espacio que deja la producción local.
La paradoja es llamativa: los pescadores europeos operan bajo uno de los marcos regulatorios más exigentes del mundo en materia ambiental. Hoy más de 60 poblaciones atlánticas se pescan dentro de los límites del máximo rendimiento sostenible, frente a apenas cinco en 2009. Según datos de la FAO, más del 75% de las existencias evaluadas en el Atlántico Nordeste son biológicamente sostenibles. Sin embargo, ese avance no se traduce en mejores capturas ni en mayor producción. Los desembarcos en puertos europeos están en niveles históricamente bajos y, según el Observatorio Europeo del Mercado para la Pesca (EUMOFA), la tendencia no promete mejorar.
Garat fue directo en su crítica: “Desde la última reforma de la PPC, los pescadores se han enfrentado a un marco regulatorio cada vez más complejo y oneroso, a menudo basado en la desconfianza”. Y esa desconfianza tiene costos concretos: burocracia que consume tiempo y recursos, reglas que no encajan con la realidad de la pesca mixta, y una competitividad que se erosiona frente a flotas extranjeras que no están sujetas a las mismas exigencias.
El resultado es que Europa importa cada vez más el pescado que consume, cediendo autonomía alimentaria y peso estratégico en un sector que, además de proveer alimentos, define soberanía marítima.
Europêche no se limitó a criticar. Presentó una lista de demandas concretas para una revisión específica de la PPC que, a su juicio, no puede esperar.
El sector exige reequilibrar los tres pilares de la sostenibilidad —el ambiental, el económico y el social— que hoy considera desfasados a favor del primero. Pide revisar o directamente desmantelar políticas que no funcionaron, como la obligación de desembarco. Reclama reglas de gestión de flotas actualizadas y una transición energética que sea realista, no decorativa. Demanda reducir la carga burocrática que asfixia la inversión. Y exige condiciones equiparables a las que enfrentan los competidores internacionales que abastecen el mercado europeo sin cumplir los mismos estándares.
La organización también pide una reforma de “estilo ómnibus” —una revisión amplia y coordinada— que corrija las inconsistencias que se acumularon en años de legislación superpuesta: planes plurianuales, reglamentos de control, fondos pesqueros y normas de acceso a aguas profundas.
“La evaluación de la CFP debería marcar un punto de inflexión”, concluyó Europêche en su comunicado. El mensaje al Parlamento Europeo, a la Comisión y a los estados miembros fue claro: la trayectoria actual no es sostenible, y seguir diagnosticando sin actuar tiene un costo que ya se está pagando en los puertos.
