En octubre de 2019, la Unión Europea le entregó a Ecuador una advertencia formal: tarjeta amarilla por no tener los controles suficientes contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Seis años después, el país ha realizado varias acciones para redimir esta situación.
De la ley a la tecnología
El primer gran movimiento fue normativo. La Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, conocida como LODAP, entró en vigor en 2020 y reemplazó a una legislación que databa de 1974, que ya no respondía a las exigencias del control pesquero moderno. Con ella llegó también un Reglamento actualizado y un régimen sancionatorio más robusto.
Pero la norma sola no bastaba. El otro gran frente fue la trazabilidad. Ecuador implementó el Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca, el SIAP, que permite monitorear la cadena de suministro de productos pesqueros para garantizar que solo se exporten productos capturados legalmente. El sistema opera en tiempo real en los procesos de desembarque, movilización y certificación de captura. Además, la flota industrial atunera ecuatoriana cuenta con certificación internacional MSC y un moderno sistema de trazabilidad basado en tecnología blockchain.
El resultado de todo esto tiene un reconocimiento externo difícil de ignorar. La FAO ha señalado que Ecuador cuenta con uno de los mejores sistemas de trazabilidad del mundo.
Lo que queda pendiente no es técnico sino político, según los propios gremios. Las reuniones con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE continúan, y la meta del gobierno ecuatoriano es quedar libre de la tarjeta amarilla antes de que finalice 2026.
El sector que creció bajo presión
Hay algo llamativo en esta historia: a pesar de la vigencia de la tarjeta amarilla, el sector atunero ecuatoriano exportó más de $1000 millones de dólares al bloque europeo durante 2025, y el sector procesador atunero cerró el año con $1755 millones de dólares en exportaciones totales.
Ecuador lleva seis años demostrando que puede pescar mejor, controlar más y rastrear todo. La tarjeta amarilla sigue en pie, pero el país que la recibió en 2019 ya no es el mismo.
