El Bao Feng pasó apenas noventa minutos dentro de aguas argentinas, navegando despacio, a menos de cuatro nudos, el ritmo típico de quien arrastra una red. Eso fue suficiente para que la Prefectura Naval lo detecte, lo identifique y, semanas después, el Gobierno Nacional le aplique una multa que supera los USD 906.000. Todo sin que ningún guardacostas se acerque al barco.
La infracción ocurrió el 10 de enero, cuando el buque, de bandera de Vanuatu, aunque de origen chino, ingresó a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y comenzó a operar ilegalmente.
El sistema Guardacostas, desarrollado por la propia fuerza, registró su presencia y su comportamiento. Luego, la plataforma Skylight confirmó los datos. La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP) completó el expediente y la sanción quedó firme.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, informó que el monto original de la multa es de 1.260 millones de pesos argentinos, unos USD 906.474 al tipo de cambio oficial, a los que se suman los costos operativos del procedimiento.
Más allá del número, lo que el caso instala es un precedente: por primera vez Argentina concretó una sanción económica efectiva contra un pesquero extranjero sin necesidad de interceptarlo físicamente. En un océano de millones de kilómetros cuadrados, eso no es un detalle menor.
Desde el Gobierno remarcaron que este tipo de operativo es parte de una política de tolerancia cero frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada INDNR en el Atlántico Sur. Los recursos pesqueros del mar argentino, subrayaron, no están disponibles para quien llegue sin permiso.
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