El sector pesquero de Vietnam enfrenta en marzo un momento crítico. La próxima visita de inspectores de la Comisión Europea —la quinta desde que Bruselas emitiera una advertencia formal al país en octubre de 2017— se perfila como el examen más determinante desde que comenzó ese proceso. Si no logra demostrar que ha subsanado sus deficiencias estructurales en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la advertencia vigente podría escalar a un veto directo sobre sus exportaciones pesqueras al mercado europeo.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. A finales de febrero, el viceprimer ministro Trần Hồng Hà emitió un despacho urgente que pone en marcha una movilización a escala de Estado. La directriz involucra a ministerios, gobernadores de provincias costeras y cuerpos de control, y establece cinco prioridades: reforzar el marco legal, mejorar la gestión de la flota, fortalecer los sistemas de vigilancia, garantizar la trazabilidad de las capturas y endurecer las sanciones. La propia prensa oficial reconoce que aún persisten brechas: buques que operan sin habilitación, incursiones en aguas extranjeras sin consecuencias claras y una aplicación desigual de las normas entre territorios.
El operativo técnico es exhaustivo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene plazo hasta el 6 de marzo para dejar plenamente operativos los sistemas de seguimiento por VMS, los cuadernos electrónicos de pesca y los registros de infracciones, de forma que la delegación europea acceda a datos verificables en tiempo real. El Ministerio de Defensa debe impedir la salida de embarcaciones no autorizadas, especialmente aquellas que naveguen con el sistema de localización apagado. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública tiene instrucciones de acelerar investigaciones y causas penales vinculadas a la pesca INDNR. A las autoridades provinciales se les ha advertido expresamente que responderán por los fallos bajo su jurisdicción.
Las cifras explican la urgencia. Un estudio elaborado por la asociación exportadora VASEP con supervisión del Banco Mundial estima que un veto europeo supondría una pérdida de exportaciones cercana a los 480 millones de dólares anuales —unos 387 millones en productos de pesca extractiva y otros 93 millones por el impacto indirecto sobre la acuicultura—, sin contar el deterioro reputacional y la pérdida de ventajas comerciales acumuladas.
La presión, además, no llega solo desde Europa. Washington también ha restringido el acceso de parte de las pesquerías vietnamitas al mercado estadounidense, invocando su normativa de protección de mamíferos marinos, aunque una resolución judicial dejó en suspenso el caso específico del cangrejo nadador. La coincidencia de ambas presiones subraya un cambio de fondo en el comercio pesquero global: la trazabilidad, la legalidad de las capturas y el cumplimiento regulatorio son hoy condiciones de entrada a los principales mercados, no simples requisitos formales.
Para quienes siguen la gobernanza pesquera internacional, el caso vietnamita ilustra algo más amplio. La Unión Europea utiliza el acceso a su mercado como instrumento para forzar reformas en terceros países, convirtiendo la política comercial en palanca de política ambiental. Vietnam, por su parte, intenta demostrar que puede asumir ese estándar sin comprometer una industria central para su empleo, su abastecimiento interno y su equilibrio exterior. Lo que se dirime en esta inspección no es solo técnico: tiene dimensión geopolítica y reputacional.
