Un reciente estudio de la Comisión Europea ha puesto el dedo en la llaga de una práctica cada vez más cuestionada en la industria pesquera: el uso de banderas de conveniencia. Según el análisis, difundido por la organización Oceana, numerosas empresas pesqueras europeas están registrando sus embarcaciones en países con controles mínimos de transparencia, esquivando así la supervisión efectiva sobre sus operaciones y la identificación de sus verdaderos propietarios.
Esta estrategia, lejos de ser un simple tecnicismo administrativo, está directamente vinculada con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), además de facilitar daños ambientales, violaciones a los derechos humanos y otras actividades delictivas, advierte Oceana. El informe revela cómo la opacidad en las estructuras de propiedad y la débil supervisión permiten a los operadores cambiar de pabellón con facilidad, evadiendo normativas y ocultando su identidad para continuar con prácticas insostenibles.
Tres organizaciones internacionales (Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana y The Pew Charitable Trusts) han alzado la voz ante estos hallazgos, exigiendo a la Comisión Europea que cierre las brechas legales en sus políticas pesqueras y garantice transparencia total en la titularidad de los buques.
“El informe demuestra que las banderas de conveniencia, también llamadas banderas de incumplimiento, representan una amenaza directa para la sostenibilidad pesquera y los objetivos del Pacto de los Océanos de la UE”, señala Vanya Vulperhorst, directora de la campaña de Pesca Ilegal y Transparencia de Oceana. “La era de los propietarios ocultos debe terminar. La Comisión tiene ahora las pruebas necesarias; es momento de actuar”, añade.
Peter Horn, director del proyecto de Pesca Internacional de The Pew Charitable Trusts, subraya que ejercer un abanderamiento responsable es la base de todos los compromisos internacionales en materia pesquera. “Los Estados que facilitan el uso de pabellones de incumplimiento, sea por omisión o intencionalmente, contribuyen a que operadores sin escrúpulos se beneficien sistemáticamente de la pesca INDNR a escala global”, afirma.
Desde Environmental Justice Foundation, su director ejecutivo Steve Trent es contundente: “Los pabellones de conveniencia son una invitación abierta a la pesca ilegal, las violaciones de derechos humanos y la destrucción ambiental. La UE tiene las pruebas, las herramientas y el poder para actuar”.
Las organizaciones coinciden en que la Comisión debe exigir a los Estados miembros recopilar y compartir información sobre embarcaciones extranjeras propiedad de ciudadanos europeos. Este paso resulta crucial no solo para investigar y sancionar infracciones, sino también para identificar quiénes se benefician realmente de las actividades pesqueras. “Terminar con las banderas de conveniencia garantizará que los verdaderos responsables de la pesca ilegal y el daño ambiental respondan por sus actos”, concluyen las ONG.
