China se encuentra en un punto de inflexión con su política de subsidios pesqueros. Después de décadas de apoyo financiero masivo, el país asiático enfrenta ahora el desafío de transformar su modelo hacia prácticas más sostenibles sin perder competitividad.
Con una flota de aguas lejanas de aproximadamente 17.000 embarcaciones —la más grande del mundo—, China ha construido su dominio pesquero sobre la base de generosos subsidios gubernamentales. Según estimaciones, el gobierno central chino destina anualmente unos 24000 millones de yuanes (aproximadamente $3300 millones de dólares) al sector, una cifra que supera ampliamente los apoyos de otras potencias pesqueras como la Unión Europea ($2000 millones de dólares) o Estados Unidos ($1100 millones de dólares).
Hasta 2013, el 94% de estos subsidios se concentraba en el combustible para las flotas costeras y de aguas lejanas, una práctica que permitió a los barcos chinos operar de manera rentable en los cinco océanos, pero que también generó serias preocupaciones ambientales y sociales.
El modelo chino de subsidios ha sido objeto de múltiples denuncias. Organizaciones ambientales y gobiernos de diversos países han señalado que estas ayudas han acelerado la degradación de ecosistemas marinos y contribuido al agotamiento de recursos pesqueros en regiones como Sudamérica, África y el Sudeste Asiático.
Las tensiones son particularmente evidentes en Perú, donde pescadores tradicionales acusan a las flotas chinas de operar en zonas internacionales cercanas a sus costas, reduciendo sus capturas hasta en un 70%. Además, existen denuncias sobre pesca ilegal, actividades no reguladas y abusos laborales en embarcaciones de bandera china.
Consciente de las presiones internacionales y los compromisos asumidos, China ha iniciado una transformación gradual de su política de subsidios. Desde 2021, como parte de su 14º Plan Quinquenal (2021-2025), el país ha comenzado a eliminar las subvenciones directas al combustible para la pesca de altura.
En su lugar, el gobierno ha implementado nuevos mecanismos de apoyo vinculados a prácticas responsables, incluyendo el “marine stewardship subsidy”, que premia el cumplimiento de estándares ecológicos. Los fondos se redirigen ahora hacia mejoras en infraestructura, sistemas de monitoreo, protección de recursos marinos y el cumplimiento de acuerdos internacionales.
Otro aspecto destacado de esta transición es la vinculación de las ayudas a evaluaciones de conducta: solo las empresas pesqueras que respetan tratados multilaterales en aguas internacionales reciben los mayores incentivos. Paralelamente, se impulsa el desguace de embarcaciones obsoletas y la renovación de flotas con tecnología más eficiente y menos contaminante.
El cambio de rumbo chino se formalizó en junio de 2023, cuando el país ratificó el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Subsidios a la Pesca, comprometiéndose a eliminar las ayudas consideradas perjudiciales para la sostenibilidad marina.
China también está reforzando el cumplimiento de tratados marítimos internacionales, incluidos los convenios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Marítima Internacional (OMO).
La transición china representa uno de los mayores experimentos en política pesquera global. El país debe demostrar que es posible mantener el liderazgo en la industria pesquera mundial mientras se respetan los límites ecológicos y las normas internacionales.
El éxito o fracaso de esta transformación tendrá implicaciones que van más allá de China, ya que podría establecer un precedente para otras naciones pesqueras importantes. La comunidad internacional observa con atención si el gigante asiático logrará convertir su proteccionismo estatal en un liderazgo verdaderamente responsable y sostenible en los océanos del mundo.
