La flota atunera española afronta una crisis de competitividad que amenaza con expulsarla de sus caladeros tradicionales en el Atlántico oriental. Según datos de OPAGAC, la organización que agrupa a los buques atuneros españoles, el número de embarcaciones europeas en la región se ha reducido un 38% desde 2016, mientras sus capturas de atún tropical han caído un 24%.
Esta tendencia contrasta con el crecimiento del 68% en las capturas de flotas asiáticas abanderadas en países como Ghana, Senegal o Guinea, que según OPAGAC operan sin un control efectivo sobre el cumplimiento de las medidas de gestión pesquera. La organización ha solicitado a la Comisión Europea una defensa firme de los intereses de los buques comunitarios para frenar este progresivo desplazamiento.
Los datos oficiales reflejan la magnitud del problema. Las capturas de la flota europea de cerco en el Atlántico han pasado de 118.226 toneladas en 2016 a 90.321 en 2022. La flota comunitaria se ha reducido de 21 a 13 buques (7 españoles y 6 franceses) entre 2016 y 2024, registrando descensos del 38% en atún rabil, del 36% en patudo y del 12% en listado. En contraste, Ghana ha incrementado un 80% sus capturas totales en el mismo período, con un aumento del 151% en el caso del patudo, pasando de 5.709 toneladas a 14.329 toneladas.
“Estamos siendo desplazados de nuestros caladeros tradicionales en África Occidental, donde la flota europea lleva operando desde la década de los 60 del siglo XX y ha contribuido de forma decisiva a generar empleo e infraestructuras en tierra, especialmente en puertos estratégicos como Dakar o Abiyán”, advierte Julio Morón, director gerente de OPAGAC. Según el directivo, “la entrada de nuevos actores con estándares mucho más bajos, sin control efectivo ni transparencia y con acceso libre al mercado comunitario, está condenando al abandono de un modelo pesquero que ha demostrado ser socialmente responsable, económicamente viable y ambientalmente sostenible”.
OPAGAC atribuye esta situación a la falta de control efectivo sobre el cumplimiento de las medidas de gestión por parte de flotas de capital asiático abanderadas en terceros países africanos. El problema se agrava especialmente en el cumplimiento de la veda al uso de dispositivos concentradores de peces (FAD), establecida por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) en 2016. A este desequilibrio se suma la pérdida de rentabilidad derivada del incremento de la presión regulatoria que soportan las flotas europeas.
La organización subraya el contraste entre la ausencia de datos verificables por parte de estas flotas asiáticas y el esfuerzo operativo y económico que asumen los buques europeos para cumplir con medidas como los límites de captura, la presencia de observadores a bordo y la veda al uso de FAD. Aunque ICCAT acordó en noviembre reducir la duración de esta veda de 72 a 45 días en 2025, OPAGAC considera que esta rebaja sigue siendo insuficiente.
La flota destaca su contribución a los buenos resultados de gestión pesquera registrados globalmente. Según el último informe de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad de los Productos del Mar (ISSF), actualmente el 98% de las capturas de atún procede de poblaciones no sobreexplotadas.
OPAGAC confía en que el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, contribuya a reequilibrar la política pesquera comunitaria y garantizar condiciones de competencia equitativas. La organización considera especialmente relevante la consulta pública lanzada por la Comisión Europea para evaluar la inclusión de criterios de sostenibilidad en los contingentes arancelarios autónomos (ATQ). Actualmente, más de 900.000 toneladas de productos pesqueros entran en la UE libres de aranceles, sin que se exijan estándares ambientales o laborales comparables a los que rigen para los operadores europeos.
Para la flota atunera española, vincular los ATQ a requisitos de sostenibilidad sería un paso clave para reforzar la coherencia normativa, la competitividad del sector y la soberanía alimentaria de la UE.
