El gobierno chino afronta la mayor reforma de su legislación pesquera desde el año 2000, con un enfoque prioritario en la sostenibilidad y la conservación marina. Esta iniciativa, que llega tras una década de preparación, podría transformar las prácticas pesqueras del país y afectar a los casi 16 millones de personas que dependen de esta industria para su sustento.
La propuesta de reforma modificaría 48 de los 50 artículos existentes en la actual ley, que data de 1986, y añadiría 32 nuevos artículos junto con un capítulo completo sobre supervisión y gestión. Zhang Yanxuedan, profesor asociado de la Universidad Oceánica de Shanghái, expresó grandes esperanzas de que la ley se apruebe este año.
“Esta versión de la ley hace más hincapié en el desarrollo sostenible y verde”, comentó Wang Songlin, presidente de la Sociedad de Conservación Marina de Qingdao.
China se adhiere al acuerdo internacional contra la pesca ilegal
En un paso significativo, China se ha convertido en el miembro más reciente en adherirse al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), que entró en vigor para el país el 16 de abril de 2025. Este acuerdo, considerado el medio más rentable para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), establece normas mínimas para restringir la entrada de pescado capturado ilegalmente en los mercados.
Con esta adhesión, el número total de partes en el acuerdo asciende a 82, cubriendo efectivamente a 108 Estados en todo el mundo.
Trazabilidad y desafíos de implementación
La nueva ley busca mejorar la trazabilidad del pescado desde la captura hasta la venta, incentivando a los buques a atracar y descargar en puertos designados. Sin embargo, activistas como Huang Shan de Greenpeace East Asia señalan que la ley “incentiva” en lugar de “obligar” a cumplir estas medidas.
El proyecto también propone otorgar a los puertos la autoridad para inspeccionar embarcaciones extranjeras y denegar entrada a aquellas sospechosas de pesca ilegal, alineándose con los estándares internacionales del AMERP.
La reforma también aborda el persistente problema de las embarcaciones “tres no” —sin nombre oficial, sin número y sin registro— que frecuentemente participan en actividades pesqueras ilegales, como la pesca durante periodos de veda.
