La industria pesquera europea ha manifestado su firme oposición a la inclusión del atún en el acuerdo de libre comercio que actualmente se negocia entre la Unión Europea y Tailandia, argumentando preocupaciones sobre sostenibilidad, estándares laborales y competencia desleal.
Europêche, junto con la Unión de Armadores de Pesca Franceses y Orthongel, ha enviado una carta conjunta a la Dirección General de Asuntos Marítimos, Pesca y Acuicultura solicitando que el atún tailandés sea clasificado como “producto sensible” y sea excluido del acuerdo.
Anne-France Mattlet, directora del grupo atunero Europêche, señala que actualmente la UE importa 10,000 toneladas de productos de atún desde Tailandia, país que produce 470,000 toneladas anuales. La preocupación principal radica en que la eliminación de los aranceles actuales del 24% podría provocar una entrada masiva de productos tailandeses, en un momento en que la flota europea enfrenta dificultades.
Las organizaciones europeas cuestionan las prácticas de Tailandia en varios aspectos:
– Sostenibilidad y cumplimiento sanitario cuestionables
– Importación de materias primas de países considerados de alto riesgo
– Falta de ratificación de convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales
Precedentes y preocupaciones sanitarias
La industria cita el acuerdo con Vietnam como ejemplo de los riesgos potenciales, donde se han detectado problemas de salud en las importaciones de atún. En contraste, destacan que el atún fue excluido del acuerdo UE-Mercosur. Respecto a las cláusulas espejo, Mattlet indica que apoyarían elevar los estándares tailandeses al nivel europeo, pero se oponen a cualquier reducción de los estándares de la UE.
Contexto económico y futuras negociaciones
La industria europea señala que, aunque existe un creciente interés por productos sostenibles, especialmente ante la próxima implementación de la directiva sobre el deber de vigilancia en 2026, el precio sigue siendo un factor crucial para los consumidores.
Se espera una nueva ronda de negociaciones en la segunda quincena de marzo, mientras la industria continúa sus gestiones ante la Comisión Europea y los Estados miembros para defender su posición.
