La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha solicitado “firmeza” al tribunal que juzgará el caso de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo. Esta petición surge tras el auto de la jueza española María Tardón de la Audiencia Nacional, que ordena procesar a ocho personas y 12 empresas, incluyendo al grupo Ricardo Fuentes, por su presunta implicación en la venta de atún rojo de origen ilegal.
El caso está vinculado a la Operación Tarantelo, una investigación policial contra la pesca ilegal de atunes, en la cual Cepesca se ha personado como acusación particular. La patronal de armadores considera estas conductas “inadmisibles” y advierte sobre el posible daño a la reputación del sector pesquero y la industria de comercialización y restauración española.
Cepesca valora positivamente las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien afirmó que estas prácticas ilegales no representan la realidad del conjunto del sector. Además, la patronal destaca la efectividad de las medidas adoptadas en los últimos 12 años por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que permitieron descubrir esta presunta trama en 2018.
La investigación de la Guardia Civil reveló una red que introducía anualmente en España más de 3,5 millones de kilos de atún rojo ilegal, principalmente de Malta e Italia, generando beneficios ilícitos de unos 25 millones de euros al año. Cepesca reafirma su compromiso con la pesca responsable y la lucha contra actividades ilegales, motivo por el cual se ha personado como acusación popular en la causa.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y control en el sector pesquero, así como el impacto potencial de las actividades ilegales en la industria y la economía nacional. La patronal espera que la justicia actúe con contundencia para preservar la integridad y reputación del sector pesquero español.
