La Comisión Europea planea presentar un texto sobre normas laborales para tripulaciones pesqueras ante la Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC), que será debatido durante la reunión programada del 13 al 17 de abril. Sin embargo, los interlocutores sociales europeos del sector pesquero han solicitado formalmente su retiro.
La Federación Europea de Transporte (ETF) y Europêche han expresado conjuntamente su “profunda preocupación” por esta iniciativa, solicitando a la Comisión Europea que retire la propuesta antes de su presentación a la IOTC.
Según señalan ambas organizaciones, el texto propuesto refleja una adoptada por la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC) en 2024, que fue presentada por otros miembros de dicha comisión.
En una carta dirigida a Fernando Andresen Guimaraes, asesor diplomático de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los representantes del sector pesquero europeo detallan varios “puntos controvertidos” que consideran inaceptables:
- En caso de lesión grave o caída de un tripulante, el buque no estaría obligado a cesar inmediatamente la pesca, sino solo “lo antes posible”.
- Ausencia de normativas sobre tiempo de trabajo.
- La obligación de permitir desembarques regulares de las tripulaciones queda sujeta a las leyes del Estado del pabellón, “potencialmente limitando los derechos de los miembros de la tripulación”.
- No se establecen obligaciones claras sobre atención médica a bordo.
Los interlocutores sociales europeos enfatizan que las disposiciones propuestas no cumplen con los estándares establecidos por:
- El Convenio C188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Trabajo en la Pesca.
- El Convenio STCW-F.
- El Convenio de Torremolinos.
- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).
Además, subrayan que las normativas de la OIT deben considerarse como el “mínimo indispensable” para garantizar condiciones de trabajo decentes en el sector pesquero.
“La Unión Europea se comprometió con un estándar mínimo de trabajo mediante diversas políticas vinculantes, que el nuevo texto propuesto amenaza con socavar. Los interlocutores sociales no fueron consultados ni participaron en la elaboración de esta propuesta”, concluye en su comunicado.
